En el año 1987 el sector de la patata era un sector no estructurado con pequeños almacenistas y un número muy elevado de «indocumentados» que dotados de un pequeño transporte, compraban patata en las zonas productoras de Galicia y las comercializaban en las plazas y tiendas de las principales ciudades gallegas y de fuera de Galicia. El único envase era el saco de 50 kilogramos y la venta se realizaba al detalle, podemos decir que a granel sin identificación ni garantía alguna, sólo la confianza entre el vendedor y el consumidor.

Los agricultores-productores de patata no estaban amparados por ningún tipo de contrato que los ligara con el sector comercializador, no existía transparencia en el precio del mercado, ni interlocutores válidos para tomar decisiones en este sector.

Por si esta situación no fuese lo suficientemente grave existía un fraude generalizado, que consistía en la comercialización de patatas de otras zonas como patata gallega, con el fin de beneficiarse del mayor precio de nuestra patata. Esta práctica estaba acabando con el prestigio y reconocimiento del valor culinario de la patata gallega.

Además en este año (1987), se comienza a hablar de la posibilidad de implantar una OCM para patata en la UE, por lo que podríamos vemos afectados por un régimen de cuotas a la producción, que no sería aplicado a las patatas con una denominación de calidad.

La lucha contra el fraude y el asegurar la producción de patata frente a una OCM, eran fundamentales para mantener y mejorar las rentas y nivel de vida de los agricultores, afectados en muchos casos por las restricciones a la producción ganadera impuestas por la UE. Además de poder ofrecer al consumidor la mejor patata de Galicia, presentada bajo las más estrictas normas de calidad garantizando su origen, es por lo que parte a un tiempo de las zonas productoras de A Limia y Bergantiños, la solicitud de incluir este producto como Producto Gallego de Calidad, y posteriormente alcanzar el reconocimiento pleno dentro de la UE.